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Denuncian 15 infiltrados en VIII marcha indígena

16/07/2013 (EL DÍA).- La abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho, denunció ayer que hubo un total de 15 infiltrados en la VIII marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

En entrevista con Cadena A, la jurista dijo que la cabo de policía, Angélica Dayana Cáceres Ramírez, es solo una de las infiltradas en esta marcha, por lo que instó a que estas acciones puedan ser investigadas por el Ministerio Público.

“El infiltramiento realizado no solamente ha sido por parte de la cabo Dayana Cáceres, estamos hablando de 15 personas denominadas agentes provocadores que han ingresado a la marcha y que tenían como único objetivo dar a conocer al Ministerio de Gobierno cuáles eran las acciones, la planificación de todo el desarrollo de la marcha para que sucesivamente pudieran llegar a la represión”, denunció la abogada.

La pasada semana se conoció una denuncia de la dirigencia indígena del Tipnis que hace alusión a la cabo Cáceres, quien habría participado como una indígena infiltrada en la VIII marcha y habría sido, denuncian, la que agredió al canciller David Choquehuanca, día antes de la intervención policial, acaecida el 25 de septiembre de 2011.

Tras conocerse la noticia, el comandante de la Policía, general Alberto Aracena, confirmó que Cáceres fue reconocida por su labor desempeñada en esta movilización. No obstante, anunció que la aludida sería investigada por la Inspectoría General de la Policía.

Hay culpables. A criterio del líder del MSM, Juan del Granado, este hecho es una prueba más de que el principal responsable por la intervención a la VIII marcha es el exministro de Gobierno y actual embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorentty por encargo de altas autoridades de gobierno.

Video muestra a la infiltrada y Boris Villegas. Asimismo, un video difundido ayer muestra a la policía infiltrada al lado del canciller Choquehuanca, el 21 de septiembre del 2011 y más adelante al entonces abogado del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, ahora detenido por el caso extorsión y quien ha revelado que actuaba por órdenes de un gabinete jurídico que planificaba todo desde el Palacio de Gobierno, especialmente los procesos contra los líderes opositores al actual régimen.

Órdenes vigentes. Mientras tanto en el Beni, la fiscal Willma Blazz aseguró que hará cumplir la ley y sancionará a los responsables de las agresiones que propinaron a Pradel en el Tipnis y consideró que se está haciendo mucho show por los medios de comunicación social.

Pradel desconoce la justicia comunitaria. Por otro lado, el cacique del Consejo Indígena del Sur (Conisur) de la zona colonizada del Tipnis, Gumercindo Pradel, desconoció la justicia indígena originaria y denunció que solo intentaron asesinarlo, pero el dirigente Fernando Vargas señaló que los habitantes de la zona ecológica decidieron castigar con chicotazos a un indígena del pueblo yuracaré y que esta forma de justicia está enmarcada en la Constitución Política del Estado (CPE) y que por lo tanto no cometieron ningún delito.

“Gumercindo Pradel es un indígena, es un yuracaré, eso nadie se lo saca. Y los pobladores de Gundonovia decidieron darle chicotazos como una forma de castigo”.

Fernando Vargas
Dgte. del Tipnis

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