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FIDH y APDHB: Consulta en el TIPNIS no se adecuó a estándares internacionales

02/05/2013.- La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) presentaron el informe correspondiente a la visita que ambos organismos realizaron a las comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para verificar la “consulta” hecha por el Gobierno nacional con la finalidad de construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. La FIDH y la APDHB constataron que la intervención gubernamental no cumplió los estándares internacionales para la realización de una Consulta Previa, Libre, Informada y de Buena Fe, fijados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, los dos con rango de ley en Bolivia. Por ello solicitaron la suspensión del proyecto carretero hasta alcanzar los consensos indispensables con las comunidades y organizaciones indígenas afectadas.

Este viernes 3 de mayo, a partir de las 10 AM, el informe de la FIDH y de la APDHB será presentado en el Auditorium de Sopocachi, en la ciudad de La Paz, según anunció en conferencia de prensa Yolanda Herrera, presidenta de la asamblea. Estuvo acompañada por John Jairo Gutiérrez Berrío, de Colombia, y Juan Manuel Salgado, de Argentina, ambos de la FIDH e integrantes de las comisiones que visitaron 36 comunidades del TIPNIS en noviembre y diciembre de 2012. Lo mismo que la Iglesia Católica, estas instituciones ingresaron al territorio por invitación de la Central de los Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) y de la Subcentral TIPNIS.

“En nuestra visita al TIPNIS tuvimos oportunidad de recorrer su territorio tan hermoso, de estar con los diferentes pueblos indígenas que habitan allí. Nos fuimos enterando por la población de esta región que la consulta del Gobierno se basó sobre unas visitas muy cortas. En algunas comunidades llegaban en horas de la noche, para permanecer dos o tres horas. No hubo posibilidad de seguir el debido proceso en términos de parámetros de consulta. En este sentido, la consulta del Gobierno no se ciñe a los estándares internacionales de la OIT. Creemos que falló la metodología que utilizó el Gobierno. Creemos que se valió de una metodología más basada en un sondeo de opinión”, dijo Gutiérrez Berrío.

“El tiempo de consulta tiene que ser más amplio que un par de horas por comunidad. Una consulta se debe tomar el debido tiempo, para que las comunidades puedan determinar sin presión del Gobierno. Con su propia autonomía deben deliberar en sus asambleas para tomar decisiones”, agregó el especialista venido de Colombia, donde es integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH). También es director de la Corporación Yurupari y exasesor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Entre las irregularidades de la consulta del Gobierno, Gutiérrez remarcó la falta de buena fe. “Los indígenas y autoridades con quienes nos entrevistamos manifestaron que los funcionarios del Gobierno les ofrecieron proyectos, les ofrecieron o les entregaron plantas eléctricas, les entregaron cosas elementales, como tanques de purificación de agua, les dijeron que si presentaban proyectos al Gobierno podría financiarlos, todo si manifestaban un ‘sí’ a favor de la carretera”, informó.

También subrayó la carencia del carácter “previo” de la consulta, porque ya había leyes de la Asamblea Legislativa Plurinacional en aprobación del proyecto carretero y un crédito millonario otorgado por el banco brasileño BNDES para comenzar las obras, que ya estaban en marcha. En sus alocuciones del oficialismo y en los documentos que la Justicia del Movimiento Al Socialismo (MAS) emite para respaldar todas las acciones del Gobierno nacional, aseguran con harto cinismo que nada de ello existe y que el plan de la carretera “ecológica” a través del TIPNIS solamente tiene lugar en imaginaciones trasnochadas de “tipnólogos” y “tipnistas”.

“Hay una irregularidad. El proceso de consulta está viciado desde su inicio porque el proyecto carretero ya está mencionado en leyes. El carácter ‘previo’ de la consulta no se reduce simplemente a si hay o no una obra. Uno no puede entrar a preguntar a una comunidad si quiere una carretera cuando ya las máquinas están encima. La obra de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos ya está iniciada en varios tramos, lo cual pone en tela de juicio la consulta previa”.

“De las 36 comunidades visitadas por la misión de la FIDH y de la APDHB, tan solo 19 manifestaron haber recibido la visita de las brigadas de consulta. 16 la rechazaron y en una comunidad se presentaron contradicciones. Asimismo, 30 comunidades expresaron a la misión su rechazo a la construcción de la carretera, tres la aceptaron de forma condicionada a estudios de impacto, cambios de ruta, apertura de caminos vecinales y limpieza del río para mejorar el transporte fluvial, y otras tres comunidades la aceptaron”, destacaron las organizaciones de derechos humanos.


Unidad entre los pueblos indígenas

“Hemos constatado que la información que se ha dado a las comunidades ha sido fragmentaria y cerrada, especialmente en cuanto al significado de la intangibilidad establecida en la ley 180. En todas las comunidades nos informaron que las brigadas de consulta les habían manifestado que esa intangibilidad impedía que las comunidades realizaran sus actividades tradicionales en el territorio, pese a que eso no es así, ya que el propio Decreto Supremo que reglamenta la ley 180 dice claramente que la intangibilidad no implica impedimento a las comunidades para realizar sus actividades tradicionales”, indicó Salgado, también de la FIDH.

“Para nosotros, el proceso de consulta no puede considerarse finalizado de acuerdo a las normas internacionales. Creemos que el Estado debe reformular la metodología y proceder a la realización de la consulta de acuerdo a las normas que el propio Estado Plurinacional ha adoptado para este tipo de tareas. Entre las recomendaciones que realizamos se encuentra precisamente la de mantener la suspensión del proyecto de construcción de la carretera hasta tanto se realice esta consulta adecuada a los tratados internacionales de Derechos Humanos con los que el Estado Plurinacional se ha comprometido”, dijo Salgado, quien es director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de Neuquén, Argentina.

“Bolivia es mirado por todos los pueblos indígenas del mundo como un modelo de muchas cosas, por ser de los primeros estados que reconocen a los pueblos indígenas en situación de igualdad con las otras culturas. Yo, particularmente, provengo de un país hermano que no ha llegado a adoptar estos avances y tengo una gran simpatía por este proceso. Creemos que todas estas conclusiones que realizamos respecto a la forma en que se llevó adelante la consulta en el TIPNIS, desdibuja y hace perder esta imagen de respeto a los derechos indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia”, agregó.

Y explicó cómo debiera desarrollarse una consulta para respetar básicamente los estándares internacionales sobre la temática. “Es necesario tener una etapa previa de información completa, transparente, de buena fe. Se debe permitir que las comunidades se reúnan, elaboren su visión respecto a esta información que se les brinda. Deben tener diálogo con otras comunidades para alcanzar una resolución en cada pueblo. Se deben volver a celebrar negociaciones concertadas con las organizaciones representativas de los pueblos, incorporar las propuestas que estos pueblos realicen. En caso de que sea necesario, el Estado debe reformular los proyectos que se quieran realizar. La consulta no es un procedimiento de uno o dos meses: los tiempos de comunidades y organizaciones de pueblos indígenas son mayores, porque su propia institucionalidad no es vertical como la del Estado, sino que es comunitaria”, explicó Salgado.

“No es adecuado considerar que la consulta del Gobierno en el TIPNIS fue hecha de acuerdo a las normas internacionales que Bolivia ha adoptado”, concluyó.

¿Qué recomiendan a las comunidades y organizaciones de pueblos indígenas cuyos derechos son afectados por las políticas del Gobierno nacional? “Les hemos dicho que es muy importante prevalecer en la unidad, deben evitar la división a toda costa. Hay en marcha todo un proceso para resquebrajar la unidad en las comunidades indígenas. Creemos que en la medida en que se ofrezcan prebendas a líderes indígenas o comunidades se puede afectar a las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas. Por ello recomendamos la importancia de prevalecer en la unidad de los pueblos indígenas de la región”, dijo Gutiérrez Berrío.

(Equipo de Comunicación Indígena Originaria)

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