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Guaraníes exigen una consulta de buena fe al Gobierno nacional

Guarani15/05/2013.- El Gobierno nacional se alista para asfaltar la carretera Monteagudo-Ipati, de 96 kilómetros, que actualmente es de tierra y pasa por los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca. El proyecto incluye la construcción del túnel “más largo de Bolivia”, de 1.260 metros, a través del cerro Incahuasi, en torno al cual viven varias comunidades guaraníes y campesinas. Es que el Incahuasi contiene varias venas de agua que da de beber a quienes viven alrededor y riega los cultivos de la zona.

 

En los últimos meses, funcionarios del Órgano Ejecutivo recorrieron las poblaciones de las familias indígenas, presionaron a algunos dirigentes para que firmaran documentos y ahora dan por hecho que las comunidades fueron consultadas, consecuentemente dicen tener el consentimiento previo de quienes se quedarían sin agua de concretarse el plan carretero.

El 11 y 12 de mayo pasados, 70 representantes de comunidades guaraníes se reunieron en Taperillas, ubicada entre las poblaciones de Monteagudo y Muyupampa. Todos viven en el Territorio Comunitario de Origen (TCO) Itikaraparirenda, en Chuquisaca, y en la TCO Alto Parapetí, en Santa Cruz. En la reunión, la mayoría de las comunarias y comunarios de Itikaraparirenda recién supieron que existía el proyecto del túnel, cuya construcción supuestamente ya habían avalado, según los funcionarios del Gobierno nacional y de la Agencia Boliviana de Caminos (ABC).

Ahora, las comunidades guaraníes afectadas exigen que la consulta pública efectuada por el Ministerio de Obras Públicas sea invalidada, porque no tomó en consideración a ninguno de los derechos de los pueblos indígenas incluidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, ambos con estatus de ley en la Constitución Política del Estado de Bolivia.

“En esta reunión zonal tratamos algunos puntos importantes de la organización, como la construcción del túnel a través del Incahuasi. Se analizó bastante el tema y concluimos que esa obra va a tener varios impactos ambientales, los cuales perjudicarán a las siete comunidades de la TCO Itikaraparirenda, incluyendo a comunidades campesinas serían más las afectadas. La propuesta de la asamblea es que se anulen estos documentos usados por el Gobierno para decir que la consulta fue realizada. No hubo una socialización del proyecto carretero y del túnel entre todas las comunidades de la TCO Itikaraparirenda, eso se ha visto. No fue una consulta de buena fe: solamente  a una comunidad informaron; la consulta se hizo a también a los cívicos, al alcalde, al consejo municipal, que ellos casi no entienden de afectación al territorio de la TCO”, dijo Félix Flores, mburuvicha de la zona Kereimbarenda, que incluye a la TCO Itikaraparirenda, donde está la comunidad de Taperillas.

“No se han contemplado los derechos de los pueblos indígenas en el tema de la consulta, nos han tomado como si fuéramos cualquier ciudadano, cuando en realidad nos amparan derechos contemplados en el Convenio 169 de la OIT, entre otros. Analizando todo el documento del que se vale el Gobierno, se nota claramente que no respetan el derecho a la Consulta de los pueblos indígenas. Tampoco han respetado la estructura orgánica de la organización del pueblo Guaraní, porque se valieron de cualquier firma para querer legitimar su proyecto carretero”, agregó el mburuvicha Flores.


“No queremos que nos suceda lo mismo que a los hermanos del TIPNIS”

Uno de los comunarios de la TCO Alto Parapetí llegados a Taperillas fue Hugo Molina, secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente de ese territorio del Chaco boliviano. “Hay una preocupación fuerte de ambas TCO, porque la construcción del túnel va a afectar en su totalidad a las comunidades, por el tema del agua y de la fauna. También porque el Incahuasi es un área sagrada para nosotros. Está en peligro el respeto a nuestras costumbres, a nuestras formas de vida en este territorio, donde siempre hemos vivido. Viendo el impacto que va a ocasionar la construcción del túnel, ambas capitanías coincidimos en que vamos a solicitar la realización de una consulta especial a los pueblos indígenas, de acuerdo con los derechos que no asisten”, dijo el guaraní.

“No queremos que nos suceda lo mismo que a los hermanos del TIPNIS. En esta primera reunión las capitanías queremos prevenir esa situación. Yo sé que va a ser una lucha fuerte, porque tenemos adelante al Estado. El ministerio correspondiente a este proyecto no va a querer considerar los impactos ambientales y sociales que nos ocasionaría a las comunidades”, comentó Molina.

Dirigentes de las TCO indicaron que fueron presionados por personeros del Gobierno para firmar documentos cuyo contenido y consecuencias legales no estaba del todo claro. Ahora, los funcionarios esgrimen esos mismos papeles para decir que las comunidades Guaraní fueron consultadas y avalaron la construcción del túnel a través del Incahuasi. “Evidentemente hubo varias reuniones y encuentros con la gente de la ABC, seguramente ahora van a querer hacer valer los documentos firmados. Pero nosotros queremos que se haga la consulta, todavía estamos a tiempo de hacerla. Se debe explicar e informar a las comunidades afectadas o a las TCO afectadas sobre este proyecto. Deben conocer a detalle el proyecto de construcción del túnel”, indicó Molina.

En los últimos años, el pueblo Guaraní pasó por muchas experiencias de Consulta de parte del Gobierno y de transnacionales petroleras, interesadas en extraer el crudo de sus territorios. “Este proyecto carretero y del túnel es la primera experiencia de consulta y participación que tendríamos como pueblo Guaraní. Nosotros, como Alto Parapetí, hemos tenido experiencia en lo que es consulta y participación de pueblos indígenas en actividades de hidrocarburos, específicamente en perforación de pozos petroleros. En este tipo de proyecto estatal, como es la carretera, no tenemos experiencia sobre cuáles serían los procedimientos. Por eso pedimos a asesores jurídicos y entidades de Naciones Unidas que nos expliquen todo lo referente a derecho a la Consulta y al proyecto del túnel. Obviamente, nunca vamos a renunciar a nuestros derechos que están en la Constitución Política del Estado, en la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, en el mismo Convenio 169 de la OIT. Vamos a insistir porque se cumplan nuestros derechos”, agregó Molina.

“Nosotros hemos peleado fuertemente, hemos hecho la demanda ante el Ministerio de Obras Públicas porque desde un principio dijimos que no queremos que se haga el túnel. El planteamiento ha sido bien radical, bien fuerte, porque el túnel nos va a restar recursos hídricos, que para nosotros es un líquido fundamental. Debemos preservarlo, porque de aquí a unos 10 años sabemos que va a escasear el agua. Ahicingo de donde se va a hacer el túnel está la comunidad de Caraparicito, que va a tener un impacto directo, eso está comprobado. Cuando los del Gobierno nos presentaron su proyecto, dijeron que no iban a afectar al ojo de agua, a las vertientes. Cuando yo les pregunté si hay un estudio de impacto ambiental, evidentemente no lo hay. Hablan por hablar nomás, sin ninguna prueba, sin ninguna justificación, sin ningún respaldo”, dijo el dirigente de la TCO Alto Parapetí.
“Antes hacían participar a las comunidades”

“No tengo conocimiento sobre el proyecto de la construcción del túnel. La verdad no nos ha llegado ninguna clase de consulta. Ahora me entero de que ha habido un acuerdo con algunos dirigentes, pero no de todas las comunidades. Me siento un poco molesta, porque no han bajado a las comunidades para informar y consultar. Anteriormente, con la explotación de hidrocarburos se hacía así, iban comunidad por comunidad, donde se hacía consulta y había participación de la gente de las comunidades. Yo también he recibido capacitación en temas de hidrocarburos, pero sobre el proyecto del túnel no sabía nada de eso, no tengo conocimiento”, dijo Genoveva Vargas, de la comunidad Ity. Ella es secretaria de Recursos Naturales de la zona Kereimbarenda, en la TCO del municipio de Villa Vaca Guzmán.

“Cuando se trataba de hidrocarburos, teníamos talleres más que todo con la empresa, que bajaba a las comunidades a hacer consulta y participación. Antes hacían participar a las comunidades en asamblea. No como ahora, que han hecho llamar a los capitanes y a presión los han hecho firmar”, dijo la mburuvicha Vargas.

Ella recordó que “antes había más afluentes de agua. En estos tiempos, con toda la explotación que hay de hidrocarburos, si le sumamos la construcción del túnel va a ser mucho más grave la carencia de agua”.

“Hay la ventaja de que pueda ser útil el túnel, pero ello va a destruir nuestras capas de agua. A lo futuro quizás será peor, porque en estos tiempos ni siquiera llueve a su tiempo. Antes había árboles, que atajaban el agua de las lluvias. Pero ahora casi no hay árboles, así también se va deteriorando la tierra misma. Si la construcción de ese túnel va a romper las fuentes de agua, peor va a ser nuestro futuro”, dijo Vargas.

Aunque las empresas petroleras empezaron sus operaciones luego de consultar a las comunidades y dar compensaciones económicas cuando así fue acordado, no reportan beneficios para el pueblo Guaraní. En la zona trabaja Total, que “ha causado mucho daño al medio ambiente con las exploraciones. También dañó a las comunidades. Los mismos empresarios han dejado embarazadas a algunas mujeres, muchas parejas se han separado, se han deshecho hogares por este motivo”, dijo la comunaria de Ity.

“Ha causado mucho problema la empresa. Las compensaciones son para un rato, peor si se dan en plata. Por lo menos una obra te dura; pero si te dan dinero, ese dinero a veces alcanza tal vez un día, dos días estarás comiendo bien ¿y después? Con todo aquello que han explotado, han fregado nuestras fuentes de agua, han contaminado nuestro medio ambiente porque han empezado a dinamitar en lo profundo”, comentó Vargas.

(Equipo de Comunicación Indígena Originaria)

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