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¿Propuestas indígenas amazónicas en la cumbre climática de Lima?

Alain Muñoz/CEJIS, 2 de diciembre 2014.- Los indígenas amazónicos presentarán sus propuestas durante la cumbre climática de Lima, en diciembre de 2014. Algunas son cercanas al lenguaje y tecnicismos de este tipo de cumbres. Otras, muestran la visión indígena, muy distinta a la perspectiva de la sociedad occidental.

 El documento Amazonía Indígena frena crisis climática global se presentará en la cumbre climática de Lima, en diciembre  de este año,  expuesto por la  Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

La COICA representa a ocho organizaciones indígenas nacionales, entre ellas la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), en la que participan 34 pueblos indígenas de Tierras Bajas. Estos habitan en 7 de los 9 Departamentos del país (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca, Trópico de Cochabamba y Norte de La Paz).

Las organizaciones regionales que conforma la CIDOB son: CPIB (Beni), CIRABO (Región Amazónica), CPESC (Santa Cruz), APG (Guaraní), OICH (Chiquitano), CPEM-B (Mojeño), COPNAG (Guarayo), GCCH (Chíman), ORCAWETA (Weehnayek), CPILAP (La Paz), CPITCO (Trópico de Cochabamba), y CIPOAP (Amazonía de Pando).

Además de la boliviana, las organizaciones indígenas nacionales que integran la COICA son las de Brasil, Colombia, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam, y Venezuela. Afilia a más de 400 nacionalidades que viven en la Amazonía continental, 60 de ellas en aislamiento voluntario.

La COICA busca que las propuestas del mundo indígena amazónico, contenidas en el documento que se presentará, al que se tuvo acceso en una versión preliminar,  logren “acuerdos claves dentro de la agenda oficial”  de la cumbre de Lima, parte del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.

Una de las propuestas es muy cercana al lenguaje y tecnicismos de las cumbres climáticas. Se trata de la mitigación de casi 2 mil 400 millones de Toneladas Métricas de Carbono (2,376’483,7505 TM CO2) en la Amazonía, que efectuarían los mismos indígenas.

Esa cantidad de carbono representa un poco menos de la mitad de las emisiones de Estados Unidos, uno de los grandes emisores. Igualmente, equivale a un poco menos de las de Rusia e India juntas, considerados emisores peligrosamente crecientes. Ambas comparaciones están basadas en estadísticas de las Naciones Unidas.

Las poblaciones indígenas amazónica mitigarían esos más de dos mil millones de toneladas de carbono, conservando más de cinco millones de hectáreas de bosques en sus territorios (5´194,500 Has.).

Conservarían esa cantidad de bosques usándolos en su forma tradicional: obteniendo todo lo que necesitan para subsistir, dentro de la capacidad de regeneración natural del bosque. Eso incluye todo tipo de alimentos, medicinas, y materiales para fines utilitarios y culturales.

Los más de cinco millones de hectáreas es la suma de siete proyectos pilotos, en cinco países, del tipo conocido internacionalmente como Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación de Bosques (REDD).

Sin embargo, se trata de un REDD con adaptaciones y enfoque especial, que han llamado REDD+ Indígena Amazónico (RIA), con beneficios y mecanismos, “más allá del carbono y el mercado”, según del documento que presentarán en Lima.   El apoyo oficial mundial al RIA es uno de los acuerdos que buscarán en la agenda oficial de la cumbre, y tendría un valor equivalente a un dólar por hectárea de bosque.

Otro acuerdo que pretenden, es el Programa Amazonía Viva para la Humanidad, destinado a implementar Planes de Vida, Titulación Territorial, y Manejo Integral de Recursos Naturales, además de incluir el RIA, para los pueblos indígenas de los nueve países amazónicos.

Literatura especializada, en territorios y gobernanza indígena, describe el Plan de Vida como instrumento de planeamiento, que contiene información sobre la comunidad, así como sus recursos y necesidades. Igualmente, los cambios que quieren lograr, y los proyectos necesarios para lograrlo.

Así mismo, un Plan de Vida Indígena incluye el posicionamiento de la comunidad acerca de la relación entre el gobierno indígena y otros actores, como los gubernamentales. También, la visión política de la comunidad a largo plazo. “Es un instrumento de política y de gobierno; por lo tanto, un acuerdo social que debe surgir del consenso, elaborado participativamente”, dice la literatura especializada.

En cuanto a la Titulación Territorial indígena, un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dice: “el reconocimiento legal de las tierras que ellos han habitado tradicionalmente, no sólo [es] por su valor como base para el sustento económico, sino también por su cultura indígena, identidad y espiritualidad asociada estrechamente con los recursos naturales y la tierra”.

“Los pueblos indígenas de todo el hemisferio demandan que estas tierras sean reconocidas y tituladas a la comunidad y no a sus miembros individualmente. Esto se debe a que sólo los títulos comunales y la administración de estas tierras garantizará su sobrevivencia cultural y su desarrollo sostenible con identidad a largo plazo”, continua el documento del BID, titulado: “Titulación de tierras y pueblos indígenas”, de los autores Roger Plant y Søren Hvalkof.

A pesar que varias naciones indígenas tienen títulos de sus territorios, igualmente están subordinados a los Estados nacionales. Por eso, la COICA demanda “que las políticas y proyectos, en sus territorios,  deben adecuarse a los derechos, cosmovisiones, y  propuestas Indígenas”.

También se da el caso de indígenas con títulos de sus territorios, pero que no han podido llegar a conformar su propio gobierno indígena autónomo, por extensos requisitos previos y sinuosos procedimiento de tramitación, impuestos por los Estados nacionales.

Al no tener un gobierno indígena autónomo, tampoco pueden llegar a ejercer efectivamente la gestión de sus bosques siguiendo sus “usos y costumbres”. Al no poder hacerlo así, se impide, entre otros beneficios, su contribución en la disminución a las emisiones de gases causantes del cambio climático.

Ese es el caso de l@s indígenas amazónic@s de Bolivia y, también, de los  chiquitan@s, en la sub-amazonía del mismo país que, por ahora, tienen esas trabas legales, políticas, e institucionales mencionadas, para efectivamente contribuir a esos más de 5 millones de carbono mitigado, que propondrá la COICA.

En Bolivia existen territorios titulados luego de  diez años de proceso en el marco de la legislación agraria. Hoy se encuentran  en camino  de consolidación de su propio gobierno. Sin embargo, por una legislación burocrática, no pueden ejercer su derecho al autogobierno y a la autonomía en los territorios que han habitado de manera ancestral. .

Del mismo modo, el documento que presentarán l@s indígenas amazónic@s, afirma que “deben aplicarse el Convenio 169-OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y salvaguardas dentro del proceso del Convenio Marco de la Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC)”.

Entre otros, proponen un Programa de Adaptación Climática y Mujer Indígena, en “reconocimiento a su rol estratégico en los saberes y prácticas requeridos, para la adaptación climática amazónica en el Perú”.

También, un “Pabellón de los Pueblos Indígenas, como área permanente de expresión de sus saberes y propuestas, dentro del programa oficial” de la Cumbre de Lima y las siguientes, reconociendo su “aporte estratégico frente a la crisis climática”.

El documento mencionado pretende incidir y posicionar temas estratégicos complementarios, como la “urgencia de iniciar la transición post desarrollista y extractivista” a través de “sistemas socio económicos basados en las ‘selvas en pie’”, en los que haya “armonía entre naturaleza, sociedades y culturas, superando las trampas del falso ‘crecimiento depredador’”.

Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEJIS,

Santa Cruz – Bolivia

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CEJIS

Cejis.Org es una asociación boliviana sin fines de lucro que trabaja en el campo de los Derechos Humanos desde una perspectiva jurídico – social acompañando a los sectores de la sociedad cuya situación de indefensión y vulnerabilidad exige acompañamiento profesional y compromiso en la reivindicación del reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos.