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Titulación del Territorio Indígena de Monte Verde

Alain Muñoz/ CEJIS 22 de mayo de 2015.- Continuamos con la historia del Territorio Indígena de Monte Verde. Recomenzamos desde la presentación de la demanda territorial al Estado, hasta la otorgación de los títulos de propiedad. Al obstaculizar la titulación, el país se priva de la disminución del cambio climático que producen los bosques indígenas. También de disminuir la pobreza de un alto porcentaje de población más vulnerable.

TERRITORIOS INDIGENAS Y CAMBIO CLIMATICO

Los graves impactos del cambio climático son innegables. También lo es la demanda ciudadana de respuestas efectivas a sus gobernantes. En algunos países, nueve de cada diez ciudadan@s quieren que sus gobiernos “hagan más” ante el cambio climático, según una encuesta mundial.

En Latinoamérica, gran parte de las emisiones de gases originantes del cambio climático son causadas por la deforestación. Bastante más que la contaminación industrial o el consumo de combustibles y electricidad derivados del petróleo o carbón, característica de países muy industrializados.

Los Territorios Indígenas, con gobiernos autónomos, facultados para controlar la gestión de sus recursos naturales, disminuyen drásticamente la deforestación. Así lo han probado varios estudios de diferentes instituciones, con distintas magnitudes y metodologías.

LA OPORTUNIDAD PERDIDA

Latinoamérica podría compatibilizar la agenda ambiental y la de la erradicación pobreza, viabilizando la efectiva implementación de Territorios Indígenas. Así mejorarían los medios de subsistencia de su población más empobrecida, al mismo tiempo que frenaría el cambio climático.

Sin embargo, cuando se analizan hechos concretos, más allá de políticas y declaraciones, los gobiernos obran en sentido contrario. En la realidad son grandes obstaculizadores, por omisión o comisión, de territorios indígenas titulados y gestionados con autonomía.

Eso muestra lo que tuvo que recorrer Monte Verde para llegar a ser reconocido como territorio indígena. Con ello, privan a indígenas de sus derechos, y de mejores medios de vida.

Al obstaculizar la efectiva implementación de territorios indígenas, los gobiernos pierden, al mismo tiempo, la oportunidad de respetar derechos establecidos, mejorar la calidad de vida de pueblos indígenas, y liderar la agenda climática internacional.

EL CASO DEL TERRITORIO INDÍGENA DE MONTE VERDE

En un artículo anterior, vimos que las organizaciones indígenas chiquitanas surgieron para defenderse de atropellos. Autoridades políticas, eclesiásticas, y empresarios cometían abusos de poder, así como despojos e invasiones de tierras, entre otros.

Poco a poco derivaron hacia la recuperación de su identidad cultural, pasando de “campesina” a organización “indígena”. Al recuperar su historia sintieron que tenían el derecho de reclamar el territorio de Monte Verde.

El largo proceso de auto-organización, iniciado con propósitos de auto-protección y defensa, revalorizó su identidad cultural, y concluyó en la convicción que necesitaban recuperar su territorio ancestral. Sólo así su cultura y su pueblo pervivirían.

En 1994, las centrales indígenas de Concepción, de San Javier y de Lomerío, tenían lista su demanda al Estado, por el Territorio Indígena de Monte Verde. En total, eran 117 comunidades chiquitanas demandantes: 46 de San Javier, 42 de Concepción, y 29 de Lomerío.

LA PRESENTACION DE LA DEMANDA

Los dirigentes chiquitanos viajaron a La Paz, sede del Gobierno, para buscar la manera de presentarla al Estado. Se relacionaron con diferentes organizaciones sociales, sectoriales, políticas, y diversas autoridades gubernamentales.

Las autoridades, generalmente, se comprometieron a “estudiar la demanda”, mientras que las organizaciones mostraron diferentes grados de respaldo. Luego se encontró la oportunidad de entregarla al Vicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas, un indígena aymara.

Este había establecido reuniones bi-mensuales con la Confederación Indígena del Oriente de Bolivia (CIDOB), como parte su gestión vicepresidencial. La CIDOB abarca lo que se llama “tierras bajas” en Bolivia, la mitad no-andina del país, habitada por unos 30 pueblos indígenas.

En esas reuniones, se logró presentar la demanda de Monte Verde a Cárdenas, quien prometió estudiarla. Posteriormente, los chiquitanos con el Vicepresidente, la presentaron protocolarmente al Presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada.

Fue el 25 de enero de 1995, en el Palacio de Gobierno, y el presidente dijo que era un “tema difícil”, por tratarse de la solicitud de propiedad colectiva de un territorio. Informó que la respuesta se daría a través del Vicepresidente, a quien encargó ocuparse del tema en el Gobierno.

EL VALOR DE LA DEMANDA

El tipo de demanda de Monte Verde, por vía legal, en derecho, fue la primera presentada por un bloque indígena del oriente de Bolivia. Los chiquitanos propusieron cambios a los cuerpos legales vigentes, para que su demanda ingrese al sistema del Estado.

Esto fue muy importante, porque anteriormente el Anteproyecto de Ley de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco, y Amazonía fue rechazado por “anticonstitucional”, en el Congreso de la República de 1992.

“Si no existe una ley para tramitar legalmente el derecho propietario de un territorio indígena, hay que elaborarla y presentarla al Estado” pensó la dirigencia indígena, recordó Bailaba. El rechazo involucró como proponentes a los indígenas, en la reforma constitucional posterior.

LA “SABIDURÍA” DE LA DEMANDA

Adicionalmente, alrededor de la demanda, se unificaron las 37 parcialidades, surgiendo la Organización Indígena Chiquitana (OICH) en 1995. Su nombre es “Usaka Albú”, que significa “estamos con nuestra sabiduría”, en chiquitano.

“Usaka Albú” vincula claramente la demanda territorial con la recuperación del “modo de ser” de sus ancestros. Quizás, por eso decidieron que la demanda sea de “responsabilidad compartida con el Estado”, durante el prolongado período de deliberación colectiva previa.

La “responsabilidad compartida” se traducía en acciones concretas, para los chiquitanos. Una de ellas, era reocupar el territorio de Monte Verde, con familias indígenas despojadas de sus tierras. Era crear nuevas comunidades o reasentamientos humanos.

Una segunda acción, era ir delimitando el territorio a demandar, al mismo tiempo que se lo iba reocupando. La tercera, era evitar la penetración de agentes depredadores externos, principalmente ganaderos, mineros, madereros, y traficantes de tierras.

PARALIZACION DE LA DEMANDA

Durante un año hubo respuestas confusas e indefinidas, en las reuniones con la CIDOB. El Vicepresidente sólo daba razones por las que no se podía atender la demanda. “Actuó más como los políticos, que como indígena identificado con sus hermanos”, dijo Bailaba.

No esperaban esa respuesta, porque el Vicepresidente también es un indígena, aunque andino, de “tierras altas”. Tampoco esperaban la violenta reacción del poder político y económico local, durante ese año sin respuestas definitivas.

Localmente, hubo amenazas de muerte por grupos armados, incendios provocados, ocupación y deforestación ilegal del territorio indígena. Las denuncias y registros de los mismos se encuentran en los archivos de varias organizaciones e instituciones.

INTERPELACION AL ESTADO

Cansados de la inacción del Estado y la violencia, los dirigentes chiquitanos solicitaron a la CIDOB que interpele al Asesor Jurídico Agrario de la Presidencia de la República. Requirieron “informe detallado del estado de la demanda y los pasos posteriores que seguirá”.

La respuesta fue desconcertante: “se había extraviado”. Pero apareció en menos de 24 horas, ante las protestas y amenazas de “medidas de hecho” de los indígenas. Sin embargo, era imposible tratarla, “porque estaba garabateada” y “sin el sello de ´Recibido´ correspondiente”, indica correspondencia oficial.

Por ello, el informe del Asesor solicitaba “sea presentada una copia nuevamente”. Se presentó por segunda vez el 7 de marzo de 1996, y tuvo mayor rapidez en su tratamiento. En una semana, fue remitido al Consejo Nacional de Reforma Agraria” (CNRA), la repartición gubernamental competente en el tema.

En los siguientes meses hubo complementación de datos geográficos y jurídicos, entre equipos técnicos del gobierno y de las organizaciones indígenas. Estos demostraron que la información gubernamental era desactualizada, incompleta, y contradictoria.

También hubo la decisión de reunir las tres partes en el lugar: representantes del CNRA, indígenas, y los “terceros”, aquellos que alegaban tener propiedad de tierras o concesiones forestales y mineras en Monte Verde, para terminar con la violencia de la disputa.

CARA A CARA

La reunión se realizó en Concepción, el 17 y 18 de junio de 1996. Los indígenas demostraron que siguieron el curso legal en todo momento, mientras que los “terceros” no pudieron hacerlo, porque no tenían títulos y ni siquiera trámites legales iniciados.

Se acordó que las partes en conflicto cesarían la violencia, y que se paralizaría toda ocupación y explotación de recursos naturales. Por su parte, el CNRA sanearía los derechos propietarios o concesionales en ese territorio, y definiría los pasos a dar.

Los “terceros” hicieron encarcelar a los dirigentes chiquitanos inmediatamente después de esa reunión, valiéndose de ´documentos legales caducados. Ante las denuncias y protestas que ocasionó el hecho, reaccionaron varias instituciones.

Entre ellas, la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, al igual que abogados de instituciones que trabajan en defensa de los mismos, intercediendo para evitar nuevos actos de violencia contra indígenas.

EL TRAMO FINAL

Paralizadas las acciones de ambas partes, los chiquitanos decidieron seguir apegados a la ley y mantener una permanente actitud de diálogo con todos. Sin embargo, las autoridades de gobierno privilegiaron la práctica de la dilación, y los “terceros” arremetieron nuevamente.

Continuaron su lucha en la modalidad que le imponían las circunstancias, y la única que obligaría al Gobierno: la presión social y política. Así se organizó una nueva marcha indígena, con características similares a las anteriores: cientos de kilómetros a pié, desde la Amazonía hasta los Andes.

El objetivo de esa marcha de 1996 era el territorio demandado y una ley para tramitar demandas semejantes en el futuro. “En 10 días va estar titulado, nos dijeron…”, recordó Lucas Surubí, legendario presidente de la época, de una de las centrales indígenas demandantes.

Sin embargo, aún pasarían diez años más, antes de la titulación. Finalmente, el título del Territorio Indígena de Monte Verde fue emitido el 21 de junio de 2007, con una extensión de casi 975 mil hectáreas (974.447,83 Has).

Artículos anteriores:

EL TERRITORIO INDÍGENA DE MONTE VERDE

¿HIPOCRESÍA CLIMÁTICA?

LA CIENCIA RECURRE A INDÍGENAS

LAS DEMANDAS INDÍGENAS EN LA COP 20

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CEJIS

Cejis.Org es una asociación boliviana sin fines de lucro que trabaja en el campo de los Derechos Humanos desde una perspectiva jurídico – social acompañando a los sectores de la sociedad cuya situación de indefensión y vulnerabilidad exige acompañamiento profesional y compromiso en la reivindicación del reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos.